Estamos cerca de alcanzar los 100 días del Gobierno de Gustavo Petro, un tiempo donde hemos podido ver el talante del nuevo presidente y sobre todo, su compromiso con una agenda de reformas liberales. 

El cambio que propone Petro tiene como punto de partida dos pilares esenciales: la reforma tributaria -para buscar los recursos que financien su ambicioso programa de gobierno-, y la reforma agraria -una deuda histórica que busca romper con la desigualdad en el país-. Pero también una apuesta decidida por el impulso a la educación como base para la construcción de lo que ha denominado una “sociedad del saber”, y un programa de vivienda y agua potable para dignificar la vida de la población. 

En torno a estos propósitos el presidente ha convocado un gran “acuerdo nacional” al que se han inscrito los actuales partidos de Gobierno, entre ellos el Partido Liberal. No debe ser sorpresa para nadie que los liberales hayamos decidido respaldar esta agenda reformista de Petro, y que muchos incluso nos hubiéramos sumado a su proyecto durante las elecciones, pues la propuesta de país que viene con este gobierno se sustenta, sin lugar a dudas, en los principios socialdemócratas de los estatutos fundacionales del liberalismo. 

Los liberales hemos recibido con agrado el llamado del presidente para abanderar las causas más importantes de su gobierno, como son las reformas antes mencionadas, y vemos con buenos ojos que al frente de las carteras de Hacienda, Agricultura, Educación y Vivienda y Aguas, haya puesto a hombres y mujeres con amplia tradición y pensamiento liberal como José Antonio Ocampo, Cecilia López, Alejandro Gaviria, y Catalina Velasco. 

De la reforma agraria ya hablamos en una pasada columna. La génesis de esta propuesta se remonta a Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha. El presidente liberal fue el primero en promulgar una ley para redistribuir la tierra en Colombia, y aunque sus esfuerzos se vieron truncados por contrarreformas posteriores, dejó sembradas las semillas de la lucha por la equidad en la tenencia de la tierra. 

No queremos repetir esa historia, pues cada vez que hay intentos de reformas más estructurales, las élites económicas y políticas del país utilizan todos los medios en su poder para torpedearlas. Afortunadamente, la ministra de agricultura, Cecilia López, no solo es una mujer totalmente preparada para esa tarea sino que ya está avanzando en ella y ha logrado consensos importantes. 

Así lo demuestran las declaraciones del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien ha dicho en repetidas ocasiones que el gremio ganadero está listo para respaldar la reforma agraria del gobierno y llegar a acuerdos para su implementación. El mensaje es claro: la gente votó por el cambio y los gremios no pueden desconocer ese mandato popular. 

Esto último es algo que deberían recordar los gremios económicos y empresariales, quienes han recibido con recelo la reforma tributaria planteada por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, pese a que el proyecto ha estado abierto a los consensos y la búsqueda de acuerdos para sacar adelante la mejor reforma posible. 

No por nada en días recientes se alcanzó acuerdo sobre el régimen mixto de tributación para las zonas francas, una propuesta que varios congresistas han postulado desde el legislativo. Y también se anunció que ya no se gravarán las pensiones y que se modificaría la sobretasa del impuesto de renta para las empresas del sector petrolero y carbonífero. 

Pero no debemos olvidar que Colombia es uno de los países del mundo con menor tributación de las clases altas, y con los mayores índices de desigualdad entre ricos y pobres, por lo que se necesita una reforma que ajuste bajo principios de equidad y justicia tributaria las cargas fiscales en el país.

A la tarea de mejorar la tributaria están volcadas las bancadas liberales de las comisiones económicas de Senado y Cámara, encontrando en este espacio y canal de interlocución importante con el gobierno nacional. 

Es en las comisiones económicas donde se han dado los primeros acuerdos. Como la reciente aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2023, en el que gracias los congresistas liberales se consolidó un aumento del 30,3% en el presupuesto del ministerio de Vivienda y Aguas, que pasó a tener un billón de pesos más para el desarrollo de su gestión. 

En una reunión con el presidente Petro, la bancada liberal de Senado y Cámara recibimos del presidente la tarea de acompañar y promover la gestión de este sector, el cual tiene a la cabeza a la ministra progresista Catalina Velasco. Sin embargo, parece que el mensaje no le ha llegado a la ministra pues esta adelanta su agenda en las regiones sin convocar los congresistas liberales, una situación que esperemos cambie prontamente. 

Es también en estas comisiones donde más se ha discutido la reforma tributaria y se le han hecho propuestas para su ajuste. Soy un convencido de la necesidad de esta tributaria, pero también sé la difícil situación económica que vive el país. Con el dólar por las nubes y el contexto de recesión económica mundial, una reforma tributaria tan ambiciosa puede ser un arma de doble filo. Por eso, nuestro aporte consiste en buscar la mejor reforma posible y realista. 

En este sentido los anuncios del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, sobre el cumplimiento de la regla fiscal, y la moderación de la meta de recaudo de la tributaria que partió de 25 billones de pesos y ya ha bajado al rango de los 18 o 20 billones, deberían ser interpretados como gestos de mesura y como mensajes de tranquilidad de cara a los mercados. 

Con todas estas demostraciones de buena voluntad por parte del gobierno para hacer ajustes y lograr consensos, deberíamos todos, ciudadanía, congresistas, gremios, empresarios y el sector productivo en general, perderle el miedo a estas reformas liberales y más bien velar porque lleguen a buen puerto.

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