Se acerca nuevamente el debate de la Reforma a la Salud, que avanza con buen paso por la Cámara de Representantes y que fue aplazada a causa de las elecciones regionales tras haberse aprobado un total de 35 artículos. 

La Reforma goza de buena salud, y de eso da cuenta los consensos que con mucha dificultad, pero con mucha determinación, se han logrado establecer entre el Gobierno, los congresistas, y los principales actores del sector salud. Sin embargo, todavía persisten muchas voces opositoras que de manera temeraria insisten en gritar “LOBO”, y advertir de unos supuestos “peligros” en la reforma. 

Yo tengo algo claro, si existe un peligro, un verdadero peligro, es que esta reforma no se apruebe. 

Lo digo con conocimiento de causa, pues llevo más de 50 años dedicando mi vida al sector salud, donde he sido estudiante, médico, gerente de hospitales, EPS e IPS tanto públicas como privadas, y empresario de la salud, lo que me permite tener una visión holística del sector. He vivido y sufrido en carne propia las virtudes y defectos tanto del antiguo Sistema Nacional de Salud, como el que actualmente rige a partir de la Ley 100. 

Por eso no me tiembla el pulso al escribir que la Ley 100 sirvió para mucho, ayudó mucho, y le permitió a miles de colombianos acceder a un derecho que antes estaba restringido a unos pocos. Mi apoyo a esta reforma no esconderá nunca esa realidad. Pero tampoco tiemblo al decir que lo bueno de la Ley 100 se dio a pesar de las EPS, no gracias a ellas. 

La crisis del sistema es evidente, y para el que todavía la ignoraba, se hizo aún más explícita luego de la carta que Sura, Sanitas y Compensar, tres de las EPS más grandes del país, enviaron al Gobierno Nacional advirtiendo profundos problemas financieros que ponen en riesgo su continuidad, y por ende, la atención en salud de los miles de pacientes adscritos a ellas. Y hace unos días, la manifiesta crisis por las deudas de Sanitas con su proveedor Cruz Verde que obligó al Gobierno a tomar medidas e intervenir. 

¿Qué más peligroso que eso? No lo sé. Sin ánimo de cuestionar a estas empresas, las cuales han sido reconocidas entre las EPS más responsables del sector, esta situación hizo más relevante que nunca la pregunta que sustenta esta reforma a la salud: ¿el derecho a la salud de los colombianos está realmente protegido en manos de los privados?

Si hay algo claro es que en una sociedad capitalista ninguna empresa se crea sin fines de lucro, y que cuando estas comienzan a dar pérdidas es normal que se cierren, pero cuando dichas empresas deben garantizar la prestación de un derecho fundamental como la salud, la cosa se complica. Si cerrar no es una opción, pero la plata no alcanza, la solución de las EPS es pedirle más dinero al Estado, quien es el verdadero garante del derecho a la salud. En este escenario ¿por qué es descabellado y peligroso pedirle al Estado que administre lo público y garantice sin intermediarios un derecho fundamental? 

A quienes no les gusta la reforma repiten que esto es “estatizar” el sistema de salud, pero se les olvida que la reforma mantiene la cooperación entre IPS, clínicas y hospitales privados con la red pública hospitalaria. No es estatizar si lo que se está haciendo es que unos recursos públicos, que hoy administran privados, pasen a ser administrados de manera pública. 

En otras palabras, esta reforma elimina la intermediación de los recursos de la salud, dándole al ADRES la capacidad de hacer los pagos y giros directamente a los hospitales y clínicas. Además, crea un sistema de información único, que permitirá transparentar los recursos, y saber a ciencia cierta en qué se gasta la plata de la salud. Esto no pasa hoy, pues el actual modelo hace del Estado un girador ciego, que de buena fe transfiere recursos a las EPS para su administración. Por eso me pregunto ¿es más peligroso saber o no saber en qué se va la plata de la salud? 

Otro beneficio de la reforma es el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, quien por fin podrá hacer un control efectivo en el gasto y un seguimiento al funcionamiento de la prestación del servicio. Vuelvo a preguntar: ¿es más peligroso una Superintendencia débil o una fuerte con capacidad real de control? 

Estos son solo dos aspectos a destacar, pero para mí son los esenciales, porque será gracias a ellos que podamos avanzar en la cobertura rural de la salud, en el énfasis en prevención y atención primaria, y en eliminar de una vez y para siempre la perversa integración vertical. 

Dejar el sistema como está no sólo es negligente, sino que nos convierte en espectadores inermes de una cuenta regresiva que no se va a detener y que terminará con el inevitable colapso de la salud en Colombia. Por eso el verdadero peligro de esta Reforma a la Salud es que permitamos que se desnaturalice o no sea aprobada. 

Con la última resolución expedida por el Ministerio de Transporte, el Gobierno del presidente Gustavo Petro le cumplió a la gente de Puerto Colombia y garantizó que hasta octubre (prorrogable hasta fin de año) no serán cobradas las categorías C1 y C2 en la caseta de control conocida como el Peaje Papiros. Es decir, los carros particulares, de los porteños y los atlanticenses no tendrán que pagar nada en un peaje que divide groseramente el área metropolitana de Barranquilla. […]

Si de verdad queremos conseguir el objetivo de la descarbonización de Colombia sin comprometer la estabilidad económica del país, es el momento de apostarle a megaproyectos de gran envergadura cuya vocación productiva sea precisamente potenciar las alternativas energéticas al carbón y el petróleo. En aras de contribuir a este propósito, estamos proponiendo que en Barranquilla se construya el Superpuerto de Hidrógeno Verde. […]

Con la inclusión de nuestro proyecto del Superpuerto de Hidrógeno Verde en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Plurianual de Inversiones, el Gobierno Nacional demostró que su apuesta por la descarbonización del país como parte de una transición energética sostenible y productiva, es real. […]

La adjudicación del megaproyecto de la APP del Canal del Dique llega como un regalo de navidad adelantado para el Atlántico y toda la región Caribe, algo que estábamos pidiendo con insistencia para comenzar el 2023 enfocados en llevarle soluciones a una ecorregión históricamente afectada por la dureza del clima y el desinterés de los gobiernos de turno.

Ya fueron presentadas las líneas base del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el abrebocas de un documento que llegará al Congreso el próximo año y que constituye, quizá, el proyecto más importante de todo nuevo Gobierno. En el Plan de Desarrollo quedarán consignados todos los objetivos, programas y proyectos que se llevarán a cabo en los próximo cuatro años, incluyendo el plan de inversiones con los ingresos y gastos del cuatrienio.

Estamos cerca de alcanzar los 100 días del Gobierno de Gustavo Petro, un tiempo donde hemos podido ver el talante del nuevo presidente y sobre todo, su compromiso con una agenda de reformas liberales.