El conflicto territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia sobre a quién pertenece el área de más de 1.400 hectáreas que comprende, entre otras cosas, el corredor Universitario y Cultural, se revivió gracias al fallo del Consejo de Estado que declaró nula la ordenanza 000075 de 2009 en la cual se establecen los límites entre estos territorios, confirmando la autoridad administrativa y fiscal que históricamente ha tenido Puerto Colombia sobre el corredor y sus territorios aledaños.

Sobre el tema es preciso aclarar varias cosas. La primera es: el fallo del Consejo de Estado no le entrega territorio a Barranquilla, ni mucho menos se lo sustrae a Puerto Colombia. Este fallo, que confirma lo dicho en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico en 2016, se limita a establecer que la Asamblea no es el organismo competente para resolver conflictos limítrofes entre un municipio y un Distrito. Ni más, ni menos.

Lo segundo es señalar que al quedar nula la Ordenanza 000075 de 2009, tenemos que retrotraernos más de 100 años para encontrar en la historia una aproximación a la solución de este conflicto. Pero, además, es necesario iniciar un nuevo proceso amparado en la legislación actual para dirimir de una vez por todas el diferendo limítrofe en el que Puerto defiende su territorio del avance expansionista de la capital del Atlántico.

Es mi intención en esta columna, defender la tésis de que el municipio de Puerto Colombia es el titular histórico de estos terrenos y, además, explicar los subsiguientes pasos para que, más pronto que tarde, esto sea confirmado, utilizando las herramientas actuales que nos brinda la ley.

Un repaso a la historia

Para encontrar una norma vigente que define límites entre Barranquilla y Puerto Colombia tenemos que remontarnos a 1913, cuando el Departamento del Atlántico resurgía a la vida Institucional gracias a la Reforma Constitucional de 1910 y cuando Puerto Colombia era un joven y próspero municipio impulsado por la dinámica económica propia de un Puerto Marítimo abierto al comercio mundial que ha permitido afirmar que por Puerto Colombia entró la modernidad a nuestro país.

En esa ordenanza, la N° 30 de 1913, se afirma taxativamente que el municipio de Puerto Colombia lo constituyen las agregaciones de los territorios de Salgar- antes Sabanilla y Nueva Sabanilla-  y La Playa, creando unos límites tradicionales entre Barranquilla y Puerto Colombia que, habiendo sido actualizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) mediante el sistema de  coordenadas geográficas planas, no han podido formalizarse porque todos los intentos por hacerlo de la Asamblea del Atlántico, han sido han sido sistemáticamente anulados por el Consejo de Estado aduciendo una falta de competencia del organismo administrativo de carácter departamental.

Tal competencia está radicada en el Congreso de la República, según ha dicho el tribunal administrativo de cierre.

Sin embargo, la titularidad de este territorio por parte de Puerto Colombia no fue puesto en discusión sino a partir de 1993 cuando, por medio del Acto Legislativo 01 de ese mismo año se creó en Distrito Especial y Portuario de Barranquilla.

Dicho Acto Legislativo en su artículo primero dice textualmente:

Artículo 1: La ciudad de Barranquilla se organiza como Distrito Especial, Industrial y Portuario.

El Distrito abarcará además la compresión territorial del barrio de Las Flores de esta misma ciudad, el corregimiento de La Playa del Municipio de Puerto Colombia y el tajamar occidental de Bocas de Ceniza en el Río Magdalena, sector Ciénaga de Mallorquín, en el Departamento del Atlántico.

Este artículo, citado como referente para reclamar la titularidad de Barranquilla del territorio en disputa, tiene inmerso un reconocimiento explícito de que históricamente el corregimiento de La Playa, siempre perteneció al municipio de Puerto Colombia.

No obstante, el Acto Legislativo se queda corto en precisar qué entiende la ley por el “corregimiento de La Playa”, y por lo tanto, no establece un perímetro toda vez que, constitucionalmente, como expresión del núcleo esencial de sus autonomías territoriales, tal competencia está radicada en el Concejo Municipal de Puerto Colombia.  Esa Corporación Administrativa, sin oposición ni objeción, las ejerció en su momento, definiendo técnicamente, el perímetro y la estructura del corregimiento de Sabanilla/ Monte Carmelo. Esta decisión del Concejo Municipal respetó en su totalidad e integridad las motivaciones del Acto Legislativo 01 de 1993 que apuntaban, esencialmente, al “desarrollo de un Puerto de Aguas Profundas” anexo al Tajamar Occidental.

De esa manera, el corregimiento de La Playa y los sistemas anexos al Tajamar Occidental, incluyendo la porción de la Ciénaga de Mallorquin (Ciénaga Grande) que históricamente (1905) se había definido como comprensión territorial de Puerto Colombia, desde 1993 y por mandato del Acto Legislativo 01, hace parte de Barranquilla. Eso no se  no se encuentra en discusión y mal haría alguien en controvertir.

Pero esto no implica de ninguna manera que los territorios aledaños entre Salgar y esta zona, ahora conocida hoy como Eduardo Santos La Playa, le hayan sido incorporados también al Distrito. Así está probado en la exposición de motivos, en los antecedentes y en el texto mismo del Acto Legislativo. Por lo tanto, no puede imperar la tesis de que a Barranquilla se le ha devuelto territorio, pues históricamente y legalmente nunca ha tenido dicho territorio.

Corresponde al Congreso reconocer ´a Puerto lo que es de Puerto´, reafirmando lo que por vía de coordenadas planas certificó en su momento el IGAC y, de esta manera, defender a Puerto Colombia del avance expansionista de Barranquilla.

Un nuevo comienzo

Desde 2013 con la expedición de la Ley 1617 o Ley de Distritos, quedó establecido el proceso para dirimir los conflictos limítrofes entre los municipios y los Distritos. Por lo tanto -cerrado el capítulo de la ordenanza 000075 en el Consejo de Estado- es este el marco normativo en que se debe actuar para contener el expansionismo territorial de Barranquilla.

Según la norma, los representantes legales de los territorios en disputa -en nuestro caso tanto el alcalde de Puerto Colombia como el de Barranquilla- deberán solicitar al IGAC un estudio técnico del cual derivará un concepto que por oficio será trasladado a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Dicho estudio técnico tiene un plazo para su expedición de máximo un año.

Una vez en las Comisiones de Ordenamiento Territorial, este concepto será sometido a debate y al no ser vinculante, puede ser ratificado o negado. Estas comisiones sesionan conjuntamente bajo los lineamientos de la Ley 5 y son presididas por el presidente de la Comisión de Senado.

Una vez llegado a un primer veredicto se da traslado a la plenaria del Senado para un último debate del cual debe derivar una Ley de la República que establezca con claridad y precisión los límites definitivos.

Este es el nuevo proceso que inicia y en el cual los actores políticos y sociales de Puerto Colombia debemos ser eficaces en el acompañamiento y defensa de los intereses de nuestro municipio.

Perder este territorio, sería una herida mortal para Puerto Colombia, pues todo el desarrollo urbanístico, cultural, tecnológico, social, educativo y empresarial que ha llevado al municipio a crecer durante las últimas décadas dependen en gran medida del corredor Universitario y Cultural, gracias al cual Puerto pasó a ser un municipio de segunda categoría y la ser tercera economía más importante del Departamento del Atlántico.

Lo que está en juego es la existencia misma de Puerto Colombia. Por esa causa debemos utilizar todas las herramientas que nos entrega La Ley.

El comportamiento de las sociedades ante amenazas externas dice mucho sobre su cohesión y sentido de dignidad nacional. Mientras que en México y Canadá sus ciudadanos y sectores influyentes suelen cerrar filas en torno a sus presidentes cuando estos enfrentan presiones de Estados Unidos, en Colombia ocurre lo contrario: la fragmentación y la falta de respaldo interno debilitan cualquier posición de defensa soberana.

Así lo ha demostrado las reacciones ante la política de amenazas arancelarias y guerra económica que parece ser el arma de intimidación que el actual gobierno de Estados Unidos está implementando para buscar consolidar sus intereses internacionales. Aunque Gustavo Petro fue el primer presidente de la región en enfrentar estas tensiones, también fue el primero en lograr sortearlas satisfactoriamente, porque la amenaza arancelaria no fue más que eso, una amenaza que no llegó a materializarse.
Este pulso internacional tiene varias lecturas, pero una que parece pasar de agache entre muchos sectores influyentes de la sociedad colombiana, desde los grandes medios, la oposición política y hasta la clase empresarial, es que nuestro país puso de condicionante inamovible ante cualquier relación diplomática con Estados Unidos, la dignidad de nuestro pueblo y de sus ciudadanos.

Qué fácil es para algunos desestimar la dignidad, con qué facilidad la cuenta como una “locura”, un “descache”, o un “capricho” de quienes creemos que vale la pena pelear por ella, defenderla y promoverla. Sin ir más lejos, yo me elegí enarbolando la bandera de la vida digna para todos los colombianos, mal haría ahora sumarme al coro de voces que critican esta defensa como una salida en falso de nuestro presidente.
Las cosas como son: Petro exigió un trato digno para nuestros connacionales deportados, demandó que no fueran devueltos encadenados al país y que no fueran tratados como criminales, porque ser migrante -así sea en condición de indocumentado- nunca puede considerarse un crimen, sino un derecho humano, tal cual está escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y lo consiguió, pues el gobierno velará por cumplir estas condiciones.  En respuesta, el presidente Donald Trump amenazó con aranceles del 25% al 50% a los productos colombianos (que no entraron en rigor), canceló la citas de las visas en la embajada (que ya se restablecieron) y retiró las visas al personal del Gobierno colombiano por menos de 24 horas.

Si bien creo que caben las críticas a Petro por las formas en que manejó esta confrontación, después de superado el impasse y ya calmadas las aguas, lo cierto es que ni nos impusieron sanciones ni se cerraron los canales diplomáticos con la potencia del norte, como demuestra la reciente reunión que hubo en la Casa de Nariño entre el Presidente Petro, su equipo diplomático y el el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John Mcnamara. Por eso no se entiende  que parte de la población nacional se halle en pie de lucha contra la defensa de la dignidad de los colombianos residentes en EE.UU. Se trata del mundo al revés.

Cosa contraria ha pasado en México, un país con fuerte sentido de la identidad nacional. Durante mi estancia allí en el segundo lustro de la década de los 80, cuando viajé para cursar mis estudios de especialización, percibí ese nacionalismo que a veces llega a ser exacerbado, rozando en el chauvinismo. Entonces Colombia sufría su peor momento en medio de la guerra contra el narcotráfico, los carteles eran los virtuales dueños del país, la violencia nos tenía viviendo con miedo y la corrupción financiada con los dineros de la droga campeaba. Esto ocasionaba que un colombiano en el exterior cargara un estigma que, aunque ha mermado, todavía hoy no nos hemos podido quitar.
Sufrí ese estigma en carne propia. En esos años supe lo que es ser un migrante, estar lejos de tu tierra y sufrir por ella prejuicios que hieren en lo profundo de la dignidad. Por eso no creo que sea menor la causa de defender a nuestros hermanos en el extranjero.

Afortunadamente con el tiempo me convertí en un embajador de lo positivo de mi país y logré forjar grandes amistades durante mis años de estudios. Desafortunadamente, varias décadas más tarde, México atraviesa hoy lo que entonces pasaba Colombia, y los mexicanos, en especial en Estados Unidos, cargan ese estigma de discriminación, esa asociación falsa con el crimen que retóricas como las de Trump alimentan en la sociedad norteamericana y en el mundo.

Sin embargo, ante los ataques verbales del presidente gringo y sus amenazas de aranceles, la sociedad mexicana ha reaccionado como lo ha hecho en otras ocasiones: con dignidad. Así se pueden interpretar las declaraciones de su presidente Claudia Sheinbaum, quien en posición similar a Colombia no cedió ante las pretensiones de Trump, y dejando la puerta abierta al diálogo, demandó el respeto que su país se merece. A diferencia que en Colombia, la mayoría de la sociedad mexicana respaldó esta postura de su presidenta, independientemente de si comulgan o no con su ideología política.

En Canadá sucede algo similar. Cuando Trump amenazó con imponer aranceles a los productos canadienses, la respuesta no fue la descalificación interna del liderazgo del país. Al contrario, sindicatos, empresarios y gremios cerraron filas en defensa de los intereses nacionales, comprendiendo que el ataque era contra todos y no solo contra su presidente. Ya en el pasado, los canadienses habían dado muestras de unidad nacional cuando se trata de lidiar con su vecino poderoso, como cuando en 1987 el presidente Brian Mulroney negoció el tratado de libre comercio con la administración de Ronald Reagan, un acuerdo que ha sido beneficioso tanto para Canadá como para los Estados Unidos, y que hoy quiere desconocer el actual presidente norteamericano a base de intimidación.
Tristemente en nuestro caso parece que ni un conflicto interno, como el que estamos viviendo en el Catatumbo, ni las amenazas externas de Estados Unidos, causan que prolifere un sentido de unidad nacional, sino por el contrario, prolifera es la deslegitimación del propio gobierno. Cuando el presidente Petro ha tomado posiciones valientes ante Washington, el ataque ha venido desde adentro, desde una sociedad que, lejos de defender su dignidad, se divide y prefiere pordebajearse a sí misma  para plegarse a las imposiciones que vengan del norte, por exageradas, desmedidas o inhumanas que estas sean.

Lo peor de todo es que pareciera que el sesgo político nos hubiera quitado el poder del raciocinio. Ya no es solo que se escojan bandos y que se prefiera defender a un presidente extranjero sobre el propio país, sin importar los improperios que este lance contra nosotros y contra nuestros hermanos latinoamericanos. Sino que algunas voces, consideradas “influyentes”, de esas que cada tanto aparecen en titulares de la gran prensa, han llegado al punto de sostener posiciones radicalmente opuestas y defenderlas vehementemente como verdad.

Este fenómeno, que George Orwell definió magistralmente en su novela 1984 como “doblepensar”, ha llevado a que se califique a Petro de apologeta de la dictadura de Nicolás Maduro, porque mantuvo las relaciones diplomáticas con Venezuela, algo obligatorio en nuestro caso pues compartimos frontera y de eso depende la vida de millones de colombianos; pero alaban a Trump como defensor de la democracia mientras callan ante la legitimación que el gobierno de este le dio al régimen de Maduro al enviar a una reunión bilateral a su enviado especial para América Latina, Richard Grenell.

Por estas cosas sostengo que la gran diferencia entre Colombia, México y Canadá  radica en la manera en que sus sociedades comprenden la dignidad y la soberanía. Mientras que México y Canadá han entendido que, ante las agresiones externas, la fortaleza radica en la unidad, Colombia sigue atrapada en una cultura de divisiones internas que la debilitan frente al mundo. Hasta que no asumamos una postura colectiva de defensa de nuestros intereses, seguiremos condenados a la irrelevancia geopolítica y a la sumisión ante los poderes externos.

A menos de seis meses de la entrada en vigor de la Reforma Pensional, una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro, se vislumbra un cambio en la narrativa frente a los impactos económicos y sociales que pueda traer la medida, pasando de considerarla una amenaza para el mercado de capitales colombiano a una oportunidad sin precedentes para dinamizar y fortalecer este sector.

En un reciente artículo publicado por la Revista Cambio, titulado “Mercado de capitales cambia de opinión sobre nuevo sistema pensional de Petro”, varias personalidades del sector financiero colombiano expresaron su confianza en el nuevo modelo y destacaron de manera positiva los cambios que sufrió la reforma durante su paso por el Congreso.

De la preocupación al optimismo

En sus primeras versiones, la reforma generó fuertes críticas desde diversos frentes del mercado. La preocupación principal giraba en torno al impacto que tendría el traslado de la mayoría de los aportes pensionales a Colpensiones, afectando los flujos de inversión de los fondos privados en proyectos públicos y privados. Esta desconfianza se centraba en el umbral de cotización original propuesto en la reforma, el cual se situaba en 4 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) y que de mantenerse habría generado una migración masiva de afiliados de los fondos privados de pensiones administrados por las AFP hacia Colpensiones, debilitando gravemente la sostenibilidad del sistema.

Este punto, así como el gobierno de los fondos pensionales que llegaran a Colpensiones, fueron dos de los focos de discusión durante los debates de la pensional en el Congreso, en especial en el Senado de la República, donde gracias a una iniciativa impulsada por congresistas del Partido Liberal que logró un consenso entre la mayoría de las bancadas, se bajó dicho umbral de 4 SMLV a 2.3 SMLV, y además se estableció que estos recursos serían administrados por el Banco de la República.

Estas modificaciones no solo calmaron los temores iniciales, sino que abrieron nuevas posibilidades para el mercado de capitales. Además, el Banco de la República, con su probada experiencia y solidez, ofrece mayores garantías en la gestión de estos recursos, lo que refuerza la confianza en el sistema.

En palabras castizas, a partir de junio de este año, si usted gana más de 2.3 SMLV su aporte pensional se dividirá en dos, una parte irá a Colpensiones y el excedente que supere este umbral, irá al fondo privado de su elección. Esto tendrá 3 impactos importantes para todos los colombianos: 1. Garantiza un mínimo de pensión para todos y permite continuar el modelo de ahorro individual. 2. Elimina la competencia entre fondos públicos y privados complementando ambos pilares. 3. Libera recursos del Estado que ya no tendrá que subsidiar megapensiones.

Otro efecto positivo de cara al mercado de capitales es que crea un nuevo nicho de potenciales clientes para las AFP, pues todos los que ganan más de 2.3 SMLV y que hoy en día cotizan en Colpensiones deberán buscar un fondo privado para guardar su aporte pensional que exceda este umbral.

Un nuevo jugador en el mercado de capitales

La entrada de Colpensiones como actor clave en el mercado de capitales ha sido vista por analistas como una oportunidad para diversificar y revitalizar la dinámica del sector. Felipe Gómez Bridge, senior portfolio manager de Ashmore, destacó en el artículo de CAMBIO que Colpensiones podría convertirse en un comprador estratégico de acciones, siempre y cuando se delegue esta tarea a expertos. Esto podría generar un aumento en el valor de las acciones y atraer a nuevos inversionistas al mercado.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), le dijo a la revista que la reforma crea las condiciones para que el mercado de capitales desarrolle nuevos productos financieros y aumente su oferta de valor. “Si se diseñan reglas claras para la gestión del fondo de ahorro, podemos atraer más inversionistas y dinamizar la economía”, afirma.

Gobernanza y regulación: los pilares del éxito

El éxito de esta reforma dependerá en gran medida de garantizar una adecuada gobernanza del fondo de ahorro. Si bien la inclusión del Banco de la República trae consigo garantías, todavía se necesita contar con un diseño normativo robusto que equilibre los objetivos de protección social y sostenibilidad del mercado, una tarea en la que el Congreso debe seguir jugando un rol fundamental.

Además, la reforma abre la puerta para una mayor colaboración entre el sector público y privado, permitiendo la creación de instrumentos financieros más innovadores y alineados con las necesidades del país. Esta dinámica podría estimular sectores clave como infraestructura, tecnología y desarrollo sostenible.

Un horizonte prometedor y una defensa necesaria

Así las cosas, la reforma pensional ha pasado de ser vista como un riesgo para el mercado de capitales colombianos a transformarse en una oportunidad parar impulsar su crecimiento y modernización.

En palabras de Gómez Bridge, “si se maneja con transparencia y visión estratégica, este nuevo sistema puede marcar un antes y un después en la historia financiera de Colombia”.

Pero todavía hay quienes atacan sistemáticamente la reforma y ahora buscan por medio de artilugios judiciales darle muerte en la Corte Constitucional. Es por esto que opiniones positivas como las aquí citadas ayudarán a blindar con un ambiente favorable el que considero es el mayor logro social alcanzado por cualquier gobierno en el presente siglo.

El llamado es a defender la reforma, a confiar en sus bondades y, sobre todo, a resaltar el trabajo hecho desde el Congreso, cuyas modificaciones al texto original fueron fundamentales para crear este cambio de percepción optimista frente a la reforma. Ahora, el mercado de capitales colombiano enfrenta el desafío de adaptarse a este nuevo escenario, pero también cuenta con la oportunidad de convertirse en un motor clave para el desarrollo económico del país. Los próximos meses serán cruciales para consolidar estas proyecciones, pero gracias a la reforma pensional tenemos el impulso necesario para que estos mercados alcancen su verdadero potencial.

La historia de Colombia es en sí misma una historia de migrantes, personas que por una razón u otra se han visto en la necesidad de dejar su lugar de origen para buscar en otro lado un mejor futuro para sí mismos y sus familias. Lo podemos ver en los datos demográficos que corroboran cómo la población del país migró del campo a las ciudades, de los miles de extranjeros que desde el siglo pasado entraron al país por el muelle de Puerto Colombia, y también en el aumento progresivo y sostenido que en la última década tienen las cifras de colombianos que migran hacia el exterior, especialmente hacia los Estados Unidos.

Esta diáspora, interna y externa, es un problema multicausal y muy complejo, pero que en gran parte ha sido motivada por problemas estructurales y sistémicos de nuestro país: la violencia, el conflicto armado, la desigualdad y el centralismo, que se traduce en una falta de oportunidades enorme en las regiones más apartadas del país.

Es paradójico, aunque somos un país de migrantes, rara vez nos vemos a nosotros mismos así, es más, solemos pensar en la migración desde una perspectiva ajena y clasista, asociada a los sectores más empobrecidos del país, a esos más de 8 millones de víctimas que sufrieron el desplazamiento durante las décadas más crudas del conflicto armado, o a esos casi 6 millones de colombianos que se fueron del país, muchos indocumentados y con el anhelo de hacer una vida mejor en otras tierras.

El reciente “impasse” sucedido entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos, nos recordó nuevamente nuestra condición de país de migrantes. En medio del rifirrafe de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, a causa de la política de criminalización al inmigrante y la pretensión de iniciar una serie de deportaciones en masa del primero, y la exigencia de un trato digno para nuestros connacionales del segundo.

Más allá de entrar en la polémica de quién tiene la razón, lo cierto es que Estados Unidos es el principal destino de los colombianos que deciden dejar el país. Para tener un contexto, para 2021 habían cerca de 855.000 colombianos viviendo en los Estados Unidos, lo que representa el 2% de todos los inmigrantes que residen en este país, siendo además el grupo más numeroso procedente de sudamérica. Esta situación ha venido teniendo un crecimiento acelerado en los últimos años, exacerbada entre otras cosas por la crisis del COVID-19 y el surgimiento de nuevos conflictos bélicos que han disparado la violencia en las regiones.

En contraste, solo el año pasado han entrado más de 7 millones de turistas extranjeros, una cifra récord que demuestra que el nuestro sigue siendo un destino apetecido en el mundo y que este es, sin duda, el país de la belleza. Pero la pregunta de fondo es: ¿por qué Colombia, a pesar de su riqueza natural y humana, sigue expulsando a tantos de sus ciudadanos?

Para responder tenemos que escudriñar en nuestras cicatrices históricas y hacer mea culpa por un país que nunca ha logrado una integración territorial plena. Desde mediados del siglo XX, Colombia ha experimentado oleadas de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, un fenómeno que, lejos de menguar, se ha transformado con el paso del tiempo.

Nuestras cifras de desplazamiento interno nos han hecho, tristemente, campeones mundiales en este tema y aunque los acuerdos de paz de 2016 prometieron reducir la violencia, cosa que cumplieron por un periodo sostenido de dos años, la incapacidad del Estado para llenar los vacíos dejados por la guerrilla ha llevado a un recrudecimiento del conflicto en varias regiones, especialmente en el Catatumbo.

Esto se suma a la persistente desigualdad económica y la falta de inversión en infraestructura y desarrollo social fuera de las grandes ciudades, lo que ha empujado a miles de colombianos a buscar un futuro mejor en el extranjero.

Somos también un país de contrastes. Mientras las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, el llamado triángulo de oro, concentran la mayor parte de la inversión pública y privada, vastas regiones como el Chocó, La Guajira y toda la Costa Caribe, el Catatumbo, la Orinoquía, a Amazonía y el Pacífico colombiano han sido históricamente marginadas. Estas zonas, ricas en recursos naturales y biodiversidad, han sido el epicentro de conflictos armados, como el que actualmente se vive en el Catatumbo que tiene al país sumido en un estado de Conmoción Interior y que según cifras de la Defensoría del Pueblo ha dejado más de 36.000 víctimas de desplazamiento durante el último año.

Así, muchos colombianos huyen no sólo de la violencia, sino también de la falta de oportunidades económicas y sociales. En este sentido, la migración no es una elección, sino una necesidad.

El centralismo exacerbado ha agravado esta situación. Las decisiones políticas y económicas se toman en Bogotá, y las regiones más apartadas rara vez tienen voz en estos procesos. Esto ha generado un sentimiento de abandono y exclusión que alimenta el descontento social. No es casualidad que muchas de las personas que migran provengan de estas regiones marginadas y que paradójicamente migren hacia las grandes ciudades del triángulo de oro, así como quienes se van del país lo hacen hacia Estados Unidos, pues lo perciben como un destino que brinda más oportunidades y desarrollo económico, incluso si terminan engrosando las cifras de pobreza en estos nuevos lugares.

En estos últimos años hemos avanzado en ese camino de darle voz a las regiones, no por nada, por primera vez en mucho tiempo los colombianos escogimos a un presidente que no proviene de ese triángulo de oro y que en su mandato se han logrado cerrar brechas sociales en desigualdad, hambre y pobreza. Reformas como la del Sistema Nacional de Participaciones, que cuenta con un 80% de favorabilidad según mediciones de Cifras y Conceptos, tendrán a futuro un impacto crucial en el desarrollo regional. Así mismo, la pronta entrada en vigencia de la Reforma Pensional tendrá efectos inmediatos en las cifras de reducción de pobreza y pobreza extrema.

Por este cambio votaron los colombianos y creo que es un camino en el que no debemos retroceder. En el horizonte se perfila una nueva elección presidencial que será crucial para mantener este rumbo o para hacer un viraje nuevamente hacia un centralismo generalizado.

Estoy convencido de que el próximo mandatario debe surgir de las regiones más relegadas del país, como la Costa Caribe y Pacífica, o las zonas fronterizas que son epicentro de violencia, así con una visión regional se profundizará en este cambio de paradigma de ampliar el foco del poder, de Bogotá, la llamada Atenas de Sudamérica, y sus compañeras en el triángulo de oro, a los territorios que urgentemente requieren una atención diferencial y prioritaria del Estado. Tal vez así, por fin, podamos seguir avanzando con paso decidido a resolver los problemas estructurales de pobreza, desigualdad y violencia del país, para de esta manera ofrecer más y mejores oportunidades a los colombianos. Este es el camino para transformar nuestra historia de migraciones, y que en el futuro estas estén motivadas por un anhelo de intercambio cultural y no por una herida de violencia y desplazamiento que obligan a renunciar a nuestro lugar de origen para perseguir un sueño que rara vez se alcanza.

Al César lo que es del César: Puerto Colombia está en una buena hora. Sí, puedo sonar optimista pero es una sensación que tengo cada vez que regreso a mi querido municipio. Y no es para menos, si en medio de tantos azares que tiene la vida, en Puerto parece que se vive un renacer, que la brisa, las olas del mar y los bellos atardeceres lo hacen a uno mirar con decisión hacia el futuro y apostar por este paraíso caribeño.

Cómo no sentirse embriagado por los buenos presagios si el viernes fuí testigo del que será, sin lugar a dudas, el epicentro del turismo y del intercambio cultural del municipio en los años venideros. Hablo del Centro Gastronómico Internacional, el Muelle 1888, un lugar mágico en el que porteños y turísticas por igual podrán disfrutar de lo mejor de la comida típica de nuestra región Caribe, pero también de todos los sabores que las decenas de culturas que han inmigrado a esta zona nos han regalado. Un mestizaje cultural, gastronómico e idiomático que configuran la diversidad y riqueza del Atlántico, pero sobre todo de Puerto Colombia, la verdadera Puerta de Oro de Colombia.

La fecha que le da el nombre al nuevo centro gastronómico1888, es muy importante para los porteños y me parece loable que se inmortalice en este lugar. No es para menos, fue en ese año que se construyó el Muelle de Puerto Colombia, el que años después, en 1920 se transformaría en el principal puerto del país y uno de los más importantes en todo el mundo.

En ese tiempo ya lejano, Puerto Colombia vivió su primer auge, impulsado por la actividad comercial del sistema portuario multimodal que se consolidó entre el municipio y la capital del Atlántico, el cual consistía en el Muelle, su respectivo puerto marítimo, un ferrocarril que lo conectaba con la aduana en Barranquilla y un puerto fluvial que permitía el tránsito de las mercancías hacia otras partes del país a través del Río Magdalena.

Todo este complejo sistema hizo de Puerto Colombia la puerta de entrada al país no solo del comercio sino de cerca del 90 por ciento de los inmigrantes europeos, asiáticos y americanos cuyas culturas enriquecieron la nuestra y ahora son exaltadas en el Centro Gastronómico Internacional.

En una Colombia que le apunta al turismo como uno de los pilares más importantes de su economía, lugares como Puerto Colombia deberían tener un papel cada vez más preponderante. Es por esto que insistimos en nuestro proyecto de declarar a Puerto Colombia un Distrito Especial Turístico, Cultural, Histórico y Tecnológico. Este reconocimiento no solo será el primer paso para saldar una deuda histórica, que data del tiempo en que fue cerrado el viejo muelle, sino que es un impulso muy necesario para consolidar el camino de progreso que Puerto viene transitando desde hace casi 20 años. Por allá en 2007, gracias al buen desempeño fiscal, se logró salir por fin de la categoría de “vulnerable” y pasar a ser considerado un municipio “sostenible” por parte del DNP, y unos años después, en 2010, este organismo elevó su categoría a “solvente”, donde se mantiene hasta la fecha.

Ese es el legado de los gobiernos de esa época, que se concentraron en poner la casa en orden, cuidar los recursos públicos, y encaminar al municipio en una senda que se sigue consolidando con el pasar del tiempo.

Hoy Puerto Colombia es el epicentro del gran saber del departamento, pues alberga a las principales universidades del Atlántico y la Costa Caribe; también lo es de la salud, pues cuenta con las clínicas y hospitales más modernos de la región; y de la tecnología, porque por allí entran y salen las fibras ópticas que conectan a Colombia con el mundo, manteniendo su condición de “Puerta de Oro” del país, en este caso de su era digital, un legado heredado de la época del viejo muelle que se mantiene vivo en el presente.

Tanto crecimiento ha traído consigo un boom del urbanismo, haciendo que el municipio crezca de forma ordenada y cada vez atraiga a más personas de todas partes del país y del mundo que buscan en Puerto un nuevo hogar. Es más, en el reciente estudio de la Red de Ciudades Cómo Vamos impulsado por el grupo Corona, Puerto Colombia clasificó como quinta entre los mejores lugares para vivir en Colombia.

Este estudio se basa en la percepción de la ciudadanía que reside en los municipios y tiene en cuenta factores como la economía, salud, educación, vivienda, espacio público, seguridad, participación ciudadana y gestión pública de estos lugares, aspectos en los que Puerto Colombia no solo sale bien librada sino que destaca por encima de grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

Es justo y necesario que el renacer de Puerto Colombia sea coronado con el premio que espera desde hace ya mucho tiempo, su nombramiento oficial como Distrito Especial Turístico, Cultural, Histórico y Tecnológico. Detrás de este propósito he estado desde mi llegada al Congreso de la República, pero antes de mí otros líderes como la exalcaldesa Martha Villalba han enarbolado estas banderas.

Confieso que no ha sido un camino fácil, se requiere una aprobación de un Acto Legislativo que modifique la Constitución de 1991 y por lo tanto son dos vueltas, es decir, ocho debates, los que debe surtir el proyecto en el Congreso para llegar a feliz término. Vamos por nuestro tercer intento de recorrer nuevamente este largo camino, pero tenemos la fe intacta y prometemos no desfallecer. Eso sí, necesitamos un masivo apoyo de la ciudadanía porteña, de toda la bancada de senadores y representantes del Caribe, y de los líderes cívicos y políticos de nuestro departamento para lograr el cometido.

Queremos darle este regalo a Puerto Colombia, un merecido reconocimiento para que siga en su buena hora, para que consolide con broche de oro su definitivo renacer.

Hace un tiempo, en una conversación muy amena sobre educación con Julián de Zubiría, hablábamos de que la principal dificultad que enfrentaba hoy el país era un ataque constante a la racionalidad de los colombianos. Zubiría citaba al psicólogo y profesor de Harvard Steven Pinker, un defensor acérrimo de la racionalidad, para referirse a los sesgos en la percepción de la realidad que tenemos las personas, los cuales nos llevan a reafirmar nuestras propias creencias más que a buscar la verdad objetiva de las cosas. 

Pinker es un gran optimista, defiende con datos objetivos que el mundo sigue desde hace décadas una tendencia a la mejora, y que el progreso, empujado por el desarrollo tecnológico y el avance de la democracia, no se ha detenido ni muestra signos de hacerlo prontamente. Su visión del mundo contrasta drásticamente con aquella que nos vende a diario las noticias, tanto nacionales como internacionales, enfrentándonos a una cotidianidad de desasosiego, desesperanza, crisis económica y guerras.

“En la asimilación sesgada, los individuos buscan argumentos que ratifiquen sus creencias y se protegen de aquellos que podrían refutarlas”, dice Pinker en uno de sus libros. Y agrega además que estamos viviendo en una sociedad donde la verdad no se busca, sino que se decide dependiendo de qué lado se esté. La verdad entonces es la que dicen los que piensan como yo. 

El problema es que en el país está haciendo carrera una verdad evidentemente ideologizada que ha permeado todos los espacios de la sociedad, y que ya no sólo es defendida por los opositores del gobierno, sino por los medios de comunicación del establecimiento y sus gremios económicos: que Colombia va camino a la ruina. Una terrible profecía que al parecer tiene adeptos trabajando día y noche para hacerla realidad. 

Lo vemos en el debate de la Reforma a la Salud, en el que se ha repetido hasta el hartazgo que Petro quiere estatizar la Salud, pero se escoge ignorar que el sistema propuesto mantiene la participación de las clínicas y hospitales privados, que representan el 80% de los prestadores de la salud. En los análisis alarmistas no se dice que las EPS son un modelo de aseguramiento que hoy están demostrando su fracaso, acumulando escándalos de corrupción y evidenciando problemas financieros cuya responsabilidad se le achaca al Estado. 

Mi afinidad con las reformas sociales de este gobierno, en especial con la de la salud son de público conocimiento. Soy un socialdemócrata y desde la campaña presidencial reconocí en Petro al único candidato de corte liberal en la contienda, por eso decidí apoyarlo en la primera vuelta, apartándome incluso de la recomendación del jefe de mi partido que invitaba a votar por un contrario. Fue el convencimiento de que estas reformas del cambio no son de Petro, sino son las que necesita Colombia lo que también me llevó a renunciar a la vocería del Partido Liberal en la Cámara de Representantes, pues no había una postura clara por parte del partido que yo pudiera, en buena fe, defender frente a la reforma a la Salud. 

Pero no me considero un seguidor de personas, sino un seguidor de causas, y estoy casado con la causa de hacer transparente el manejo del dinero público de la salud, de llevar este derecho a los lugares más apartados del país, ahí donde no es negocio, y de que el Estado asuma la responsabilidad de administrar los recursos de la salud, para que pueda girar con trazabilidad, fiscalizar con efectividad, y sancionar con pertinencia. 

No permitamos que se nos olvide que la discusión sobre la esencia de la reforma es esta, lo demás se está usando como sofisma de distracción por aquellos que quieren tumbar a toda costa esta y todas las reformas, sin discutirlas, sin ponderarlas, sólo por el sesgo de que provienen de este gobierno. En mi caso reitero que solo retiraría mi apoyo a la reforma a la salud si el gobierno permite que se desnaturalice.  

Me adscribo a las palabras de Pinker: “el sesgo ha invadido progresivamente nuestras deliberaciones”; y es que al menos yo veo muy pocos análisis ponderados. 

Poco se habla, por ejemplo, de que la llegada de turistas extranjeros aumentó un 29% con respecto a 2022, mostrando que va bien encaminada una de las principales apuestas del actual gobierno. Que el desempleo retrocede (estamos en 9.3%) y ya regresamos a niveles de 2018, es decir, logramos borrar los estragos de la pandemia en esta materia. Que la inflación cae por séptimo mes consecutivo, que el peso se apreció 21.4% el último año siendo la moneda más valorizada del continente. Que la deforestación bajó un 70% en los primeros nueve meses del 2023, que este gobierno ha comprado más tierras para los campesinos que los últimos gobiernos. Que se han incautado 600 toneladas de cocaína desde que Petro es presidente, pese a que se injurie al gobierno tachandolo de amigo del narcotráfico. 

Y no contento con eso se ha avanzado también en promesas esenciales para el cambio en Colombia, como la educación superior gratuita, pues gracias al Decreto 1907/2023 se garantizó el 100% de la matrícula en 64 universidades públicas. Hemos llegado hasta el absurdo de descalificar la histórica reunión del presidente con los principales representantes del empresariado del país para alcanzar el tan anhelado Acuerdo Nacional. 

Son datos y hay que darlos, aunque algunos sigan empecinados en vivir en ese mundo de sesgos y prejuicios del que habla Pinker, un mundo donde la racionalidad no tiene cabida, y en donde no importa que sufran muchos para que la “verdad” siga siendo de unos pocos. 

Si en algo se va a destacar el gobierno de Gustavo Petro será en transformar a Colombia en una potencia mundial del Deporte. Así lo deja más que claro el apoyo del presidente a la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2027 que tendrán como sede a Barranquilla y otras ciudades del Caribe colombiano. 

La confirmación de los juegos, el segundo evento deportivo más importante del mundo después de los Olímpicos,  trae consigo una decisión que considero no solo acertada sino muy provechosa: escoger como sede no solo a Barranquilla sino a todo el Caribe. 

Que se democratice la sede en todo el Caribe ayuda a que esta sea una verdadera apuesta de país y a que la inversión hecha por el Gobierno Nacional, que será del 60% del costo total de las justa, esté mucho más justificada, pues los beneficios para la economía podrán llegar a varias ciudades caribeñas, necesitadas de un impulso a través del deporte. 

Claramente, Barranquilla seguirá siendo la gran anfitriona y desde ya se está trabajando en todos los preparativos. Es un reto para todos en la ciudad, desde la ciudadanía, hasta la dirigencia política, superar la exitosa experiencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en 2018, y estoy convencido de que estamos a la altura de la tarea. 

Pero si para algunos los juegos están todavía muy lejos, les cuento que en menos de un año tendremos otro gran evento deportivo global que se llevará a cabo en el país, la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA 2024. 

Con la realización del mundial femenino, Colombia sigue abonando su camino como potencia deportiva mundial, y se perfila como una futura plaza para eventos cada vez más grandes y trascendentales. Para nadie es un secreto que es un anhelo de vieja data del país, y de cualquier país, albergar una Copa Mundial de la FIFA de mayores, un norte al que nos dirigimos con paso lento pero seguro. 

La Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA representará también para Colombia la consolidación de un proceso de desarrollo deportivo del fútbol femenino que ha traído grandes alegrías para los aficionados del combinado nacional en sus diferentes categorías. Desde hace varios años la Selección Colombia Femenina viene formando un grupo de jugadoras excepcionales que han hecho parte de un proceso desde las divisiones sub-17, sub-20 y por supuesto en la selección de mayores. 

Solo por recordar algunos logros tenemos el campeonato Sudamericano Femenino ganado en 2008, y el subcampeonato mundial de 2022 en la categoría sub-17. La Medalla de Oro en los Panamericanos de Lima 2019 y el segundo puesto del Sudamericano Femenino de 2010, en la categoría sub-20. Y, como no, las destacadas participaciones en los Mundiales Femeninos de mayores de 2011, 2015 y la reciente de 2023 en la que alcanzamos cuartos de final, equiparando la mejor participación histórica de la Selección Colombia masculina en los Mundiales. 

Pero todo hay que decirlo, aún se necesita más apoyo para el fútbol femenino en Colombia, pues las buenas actuaciones de los combinados nacionales todavía no derivan en la constancia de una liga competitiva que permita el desarrollo pleno del talento de nuestras jugadoras. Si queremos más Lindas Caicedo, hoy por hoy una de las mejores futbolistas del mundo reconocida así en la lista del Balón de Oro Femenino, necesitamos más inversión en los equipos, más formación y más torneos con ritmos constantes de juego. En eso debe haber un esfuerzo adicional tanto de los equipos profesionales del fútbol colombiano, como de la Liga, y cómo no, del Estado. 

Creo que vamos por buen camino y para aportar en estos propósitos acompañamos a la radicación en el Congreso de un proyecto de ley que busca brindar excepciones de impuestos para facilitar la realización de la Copa Mundial Femenina Sub-20 FIFA 2024. Con este proyecto, impulsado por la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, el Ministro de Comercio, Germán Umaña; Hacienda, Ricardo Bonilla e Interior, Luis Fernando Velasco; además de contar con mi firma y la de otros congresistas; se buscará que todas las delegaciones de la FIFA asistentes al torneo, así como sus filiales comerciales, no sean sujeto del cobro de impuestos, restando trabas a los movimientos financieros derivados del evento. 

Ahí lo tienen, con los Panamericanos y Parapanamericanos garantizados y el Mundial Sub-20 Femenino a la vuelta de la esquina, el Gobierno del cambio sigue encaminado a consolidar el país como potencia mundial del deporte. El que quiera más que le piquen caña. 

Se acerca nuevamente el debate de la Reforma a la Salud, que avanza con buen paso por la Cámara de Representantes y que fue aplazada a causa de las elecciones regionales tras haberse aprobado un total de 35 artículos. 

La Reforma goza de buena salud, y de eso da cuenta los consensos que con mucha dificultad, pero con mucha determinación, se han logrado establecer entre el Gobierno, los congresistas, y los principales actores del sector salud. Sin embargo, todavía persisten muchas voces opositoras que de manera temeraria insisten en gritar “LOBO”, y advertir de unos supuestos “peligros” en la reforma. 

Yo tengo algo claro, si existe un peligro, un verdadero peligro, es que esta reforma no se apruebe. 

Lo digo con conocimiento de causa, pues llevo más de 50 años dedicando mi vida al sector salud, donde he sido estudiante, médico, gerente de hospitales, EPS e IPS tanto públicas como privadas, y empresario de la salud, lo que me permite tener una visión holística del sector. He vivido y sufrido en carne propia las virtudes y defectos tanto del antiguo Sistema Nacional de Salud, como el que actualmente rige a partir de la Ley 100. 

Por eso no me tiembla el pulso al escribir que la Ley 100 sirvió para mucho, ayudó mucho, y le permitió a miles de colombianos acceder a un derecho que antes estaba restringido a unos pocos. Mi apoyo a esta reforma no esconderá nunca esa realidad. Pero tampoco tiemblo al decir que lo bueno de la Ley 100 se dio a pesar de las EPS, no gracias a ellas. 

La crisis del sistema es evidente, y para el que todavía la ignoraba, se hizo aún más explícita luego de la carta que Sura, Sanitas y Compensar, tres de las EPS más grandes del país, enviaron al Gobierno Nacional advirtiendo profundos problemas financieros que ponen en riesgo su continuidad, y por ende, la atención en salud de los miles de pacientes adscritos a ellas. Y hace unos días, la manifiesta crisis por las deudas de Sanitas con su proveedor Cruz Verde que obligó al Gobierno a tomar medidas e intervenir. 

¿Qué más peligroso que eso? No lo sé. Sin ánimo de cuestionar a estas empresas, las cuales han sido reconocidas entre las EPS más responsables del sector, esta situación hizo más relevante que nunca la pregunta que sustenta esta reforma a la salud: ¿el derecho a la salud de los colombianos está realmente protegido en manos de los privados?

Si hay algo claro es que en una sociedad capitalista ninguna empresa se crea sin fines de lucro, y que cuando estas comienzan a dar pérdidas es normal que se cierren, pero cuando dichas empresas deben garantizar la prestación de un derecho fundamental como la salud, la cosa se complica. Si cerrar no es una opción, pero la plata no alcanza, la solución de las EPS es pedirle más dinero al Estado, quien es el verdadero garante del derecho a la salud. En este escenario ¿por qué es descabellado y peligroso pedirle al Estado que administre lo público y garantice sin intermediarios un derecho fundamental? 

A quienes no les gusta la reforma repiten que esto es “estatizar” el sistema de salud, pero se les olvida que la reforma mantiene la cooperación entre IPS, clínicas y hospitales privados con la red pública hospitalaria. No es estatizar si lo que se está haciendo es que unos recursos públicos, que hoy administran privados, pasen a ser administrados de manera pública. 

En otras palabras, esta reforma elimina la intermediación de los recursos de la salud, dándole al ADRES la capacidad de hacer los pagos y giros directamente a los hospitales y clínicas. Además, crea un sistema de información único, que permitirá transparentar los recursos, y saber a ciencia cierta en qué se gasta la plata de la salud. Esto no pasa hoy, pues el actual modelo hace del Estado un girador ciego, que de buena fe transfiere recursos a las EPS para su administración. Por eso me pregunto ¿es más peligroso saber o no saber en qué se va la plata de la salud? 

Otro beneficio de la reforma es el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, quien por fin podrá hacer un control efectivo en el gasto y un seguimiento al funcionamiento de la prestación del servicio. Vuelvo a preguntar: ¿es más peligroso una Superintendencia débil o una fuerte con capacidad real de control? 

Estos son solo dos aspectos a destacar, pero para mí son los esenciales, porque será gracias a ellos que podamos avanzar en la cobertura rural de la salud, en el énfasis en prevención y atención primaria, y en eliminar de una vez y para siempre la perversa integración vertical. 

Dejar el sistema como está no sólo es negligente, sino que nos convierte en espectadores inermes de una cuenta regresiva que no se va a detener y que terminará con el inevitable colapso de la salud en Colombia. Por eso el verdadero peligro de esta Reforma a la Salud es que permitamos que se desnaturalice o no sea aprobada.