El conflicto territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia sobre a quién pertenece el área de más de 1.400 hectáreas que comprende, entre otras cosas, el corredor Universitario y Cultural, se revivió gracias al fallo del Consejo de Estado que declaró nula la ordenanza 000075 de 2009 en la cual se establecen los límites entre estos territorios, confirmando la autoridad administrativa y fiscal que históricamente ha tenido Puerto Colombia sobre el corredor y sus territorios aledaños.

Sobre el tema es preciso aclarar varias cosas. La primera es: el fallo del Consejo de Estado no le entrega territorio a Barranquilla, ni mucho menos se lo sustrae a Puerto Colombia. Este fallo, que confirma lo dicho en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico en 2016, se limita a establecer que la Asamblea no es el organismo competente para resolver conflictos limítrofes entre un municipio y un Distrito. Ni más, ni menos.

Lo segundo es señalar que al quedar nula la Ordenanza 000075 de 2009, tenemos que retrotraernos más de 100 años para encontrar en la historia una aproximación a la solución de este conflicto. Pero, además, es necesario iniciar un nuevo proceso amparado en la legislación actual para dirimir de una vez por todas el diferendo limítrofe en el que Puerto defiende su territorio del avance expansionista de la capital del Atlántico.

Es mi intención en esta columna, defender la tésis de que el municipio de Puerto Colombia es el titular histórico de estos terrenos y, además, explicar los subsiguientes pasos para que, más pronto que tarde, esto sea confirmado, utilizando las herramientas actuales que nos brinda la ley.

Un repaso a la historia

Para encontrar una norma vigente que define límites entre Barranquilla y Puerto Colombia tenemos que remontarnos a 1913, cuando el Departamento del Atlántico resurgía a la vida Institucional gracias a la Reforma Constitucional de 1910 y cuando Puerto Colombia era un joven y próspero municipio impulsado por la dinámica económica propia de un Puerto Marítimo abierto al comercio mundial que ha permitido afirmar que por Puerto Colombia entró la modernidad a nuestro país.

En esa ordenanza, la N° 30 de 1913, se afirma taxativamente que el municipio de Puerto Colombia lo constituyen las agregaciones de los territorios de Salgar- antes Sabanilla y Nueva Sabanilla-  y La Playa, creando unos límites tradicionales entre Barranquilla y Puerto Colombia que, habiendo sido actualizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) mediante el sistema de  coordenadas geográficas planas, no han podido formalizarse porque todos los intentos por hacerlo de la Asamblea del Atlántico, han sido han sido sistemáticamente anulados por el Consejo de Estado aduciendo una falta de competencia del organismo administrativo de carácter departamental.

Tal competencia está radicada en el Congreso de la República, según ha dicho el tribunal administrativo de cierre.

Sin embargo, la titularidad de este territorio por parte de Puerto Colombia no fue puesto en discusión sino a partir de 1993 cuando, por medio del Acto Legislativo 01 de ese mismo año se creó en Distrito Especial y Portuario de Barranquilla.

Dicho Acto Legislativo en su artículo primero dice textualmente:

Artículo 1: La ciudad de Barranquilla se organiza como Distrito Especial, Industrial y Portuario.

El Distrito abarcará además la compresión territorial del barrio de Las Flores de esta misma ciudad, el corregimiento de La Playa del Municipio de Puerto Colombia y el tajamar occidental de Bocas de Ceniza en el Río Magdalena, sector Ciénaga de Mallorquín, en el Departamento del Atlántico.

Este artículo, citado como referente para reclamar la titularidad de Barranquilla del territorio en disputa, tiene inmerso un reconocimiento explícito de que históricamente el corregimiento de La Playa, siempre perteneció al municipio de Puerto Colombia.

No obstante, el Acto Legislativo se queda corto en precisar qué entiende la ley por el “corregimiento de La Playa”, y por lo tanto, no establece un perímetro toda vez que, constitucionalmente, como expresión del núcleo esencial de sus autonomías territoriales, tal competencia está radicada en el Concejo Municipal de Puerto Colombia.  Esa Corporación Administrativa, sin oposición ni objeción, las ejerció en su momento, definiendo técnicamente, el perímetro y la estructura del corregimiento de Sabanilla/ Monte Carmelo. Esta decisión del Concejo Municipal respetó en su totalidad e integridad las motivaciones del Acto Legislativo 01 de 1993 que apuntaban, esencialmente, al “desarrollo de un Puerto de Aguas Profundas” anexo al Tajamar Occidental.

De esa manera, el corregimiento de La Playa y los sistemas anexos al Tajamar Occidental, incluyendo la porción de la Ciénaga de Mallorquin (Ciénaga Grande) que históricamente (1905) se había definido como comprensión territorial de Puerto Colombia, desde 1993 y por mandato del Acto Legislativo 01, hace parte de Barranquilla. Eso no se  no se encuentra en discusión y mal haría alguien en controvertir.

Pero esto no implica de ninguna manera que los territorios aledaños entre Salgar y esta zona, ahora conocida hoy como Eduardo Santos La Playa, le hayan sido incorporados también al Distrito. Así está probado en la exposición de motivos, en los antecedentes y en el texto mismo del Acto Legislativo. Por lo tanto, no puede imperar la tesis de que a Barranquilla se le ha devuelto territorio, pues históricamente y legalmente nunca ha tenido dicho territorio.

Corresponde al Congreso reconocer ´a Puerto lo que es de Puerto´, reafirmando lo que por vía de coordenadas planas certificó en su momento el IGAC y, de esta manera, defender a Puerto Colombia del avance expansionista de Barranquilla.

Un nuevo comienzo

Desde 2013 con la expedición de la Ley 1617 o Ley de Distritos, quedó establecido el proceso para dirimir los conflictos limítrofes entre los municipios y los Distritos. Por lo tanto -cerrado el capítulo de la ordenanza 000075 en el Consejo de Estado- es este el marco normativo en que se debe actuar para contener el expansionismo territorial de Barranquilla.

Según la norma, los representantes legales de los territorios en disputa -en nuestro caso tanto el alcalde de Puerto Colombia como el de Barranquilla- deberán solicitar al IGAC un estudio técnico del cual derivará un concepto que por oficio será trasladado a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. Dicho estudio técnico tiene un plazo para su expedición de máximo un año.

Una vez en las Comisiones de Ordenamiento Territorial, este concepto será sometido a debate y al no ser vinculante, puede ser ratificado o negado. Estas comisiones sesionan conjuntamente bajo los lineamientos de la Ley 5 y son presididas por el presidente de la Comisión de Senado.

Una vez llegado a un primer veredicto se da traslado a la plenaria del Senado para un último debate del cual debe derivar una Ley de la República que establezca con claridad y precisión los límites definitivos.

Este es el nuevo proceso que inicia y en el cual los actores políticos y sociales de Puerto Colombia debemos ser eficaces en el acompañamiento y defensa de los intereses de nuestro municipio.

Perder este territorio, sería una herida mortal para Puerto Colombia, pues todo el desarrollo urbanístico, cultural, tecnológico, social, educativo y empresarial que ha llevado al municipio a crecer durante las últimas décadas dependen en gran medida del corredor Universitario y Cultural, gracias al cual Puerto pasó a ser un municipio de segunda categoría y la ser tercera economía más importante del Departamento del Atlántico.

Lo que está en juego es la existencia misma de Puerto Colombia. Por esa causa debemos utilizar todas las herramientas que nos entrega La Ley.

El comportamiento de las sociedades ante amenazas externas dice mucho sobre su cohesión y sentido de dignidad nacional. Mientras que en México y Canadá sus ciudadanos y sectores influyentes suelen cerrar filas en torno a sus presidentes cuando estos enfrentan presiones de Estados Unidos, en Colombia ocurre lo contrario: la fragmentación y la falta de respaldo interno debilitan cualquier posición de defensa soberana.

Así lo ha demostrado las reacciones ante la política de amenazas arancelarias y guerra económica que parece ser el arma de intimidación que el actual gobierno de Estados Unidos está implementando para buscar consolidar sus intereses internacionales. Aunque Gustavo Petro fue el primer presidente de la región en enfrentar estas tensiones, también fue el primero en lograr sortearlas satisfactoriamente, porque la amenaza arancelaria no fue más que eso, una amenaza que no llegó a materializarse.
Este pulso internacional tiene varias lecturas, pero una que parece pasar de agache entre muchos sectores influyentes de la sociedad colombiana, desde los grandes medios, la oposición política y hasta la clase empresarial, es que nuestro país puso de condicionante inamovible ante cualquier relación diplomática con Estados Unidos, la dignidad de nuestro pueblo y de sus ciudadanos.

Qué fácil es para algunos desestimar la dignidad, con qué facilidad la cuenta como una “locura”, un “descache”, o un “capricho” de quienes creemos que vale la pena pelear por ella, defenderla y promoverla. Sin ir más lejos, yo me elegí enarbolando la bandera de la vida digna para todos los colombianos, mal haría ahora sumarme al coro de voces que critican esta defensa como una salida en falso de nuestro presidente.
Las cosas como son: Petro exigió un trato digno para nuestros connacionales deportados, demandó que no fueran devueltos encadenados al país y que no fueran tratados como criminales, porque ser migrante -así sea en condición de indocumentado- nunca puede considerarse un crimen, sino un derecho humano, tal cual está escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y lo consiguió, pues el gobierno velará por cumplir estas condiciones.  En respuesta, el presidente Donald Trump amenazó con aranceles del 25% al 50% a los productos colombianos (que no entraron en rigor), canceló la citas de las visas en la embajada (que ya se restablecieron) y retiró las visas al personal del Gobierno colombiano por menos de 24 horas.

Si bien creo que caben las críticas a Petro por las formas en que manejó esta confrontación, después de superado el impasse y ya calmadas las aguas, lo cierto es que ni nos impusieron sanciones ni se cerraron los canales diplomáticos con la potencia del norte, como demuestra la reciente reunión que hubo en la Casa de Nariño entre el Presidente Petro, su equipo diplomático y el el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John Mcnamara. Por eso no se entiende  que parte de la población nacional se halle en pie de lucha contra la defensa de la dignidad de los colombianos residentes en EE.UU. Se trata del mundo al revés.

Cosa contraria ha pasado en México, un país con fuerte sentido de la identidad nacional. Durante mi estancia allí en el segundo lustro de la década de los 80, cuando viajé para cursar mis estudios de especialización, percibí ese nacionalismo que a veces llega a ser exacerbado, rozando en el chauvinismo. Entonces Colombia sufría su peor momento en medio de la guerra contra el narcotráfico, los carteles eran los virtuales dueños del país, la violencia nos tenía viviendo con miedo y la corrupción financiada con los dineros de la droga campeaba. Esto ocasionaba que un colombiano en el exterior cargara un estigma que, aunque ha mermado, todavía hoy no nos hemos podido quitar.
Sufrí ese estigma en carne propia. En esos años supe lo que es ser un migrante, estar lejos de tu tierra y sufrir por ella prejuicios que hieren en lo profundo de la dignidad. Por eso no creo que sea menor la causa de defender a nuestros hermanos en el extranjero.

Afortunadamente con el tiempo me convertí en un embajador de lo positivo de mi país y logré forjar grandes amistades durante mis años de estudios. Desafortunadamente, varias décadas más tarde, México atraviesa hoy lo que entonces pasaba Colombia, y los mexicanos, en especial en Estados Unidos, cargan ese estigma de discriminación, esa asociación falsa con el crimen que retóricas como las de Trump alimentan en la sociedad norteamericana y en el mundo.

Sin embargo, ante los ataques verbales del presidente gringo y sus amenazas de aranceles, la sociedad mexicana ha reaccionado como lo ha hecho en otras ocasiones: con dignidad. Así se pueden interpretar las declaraciones de su presidente Claudia Sheinbaum, quien en posición similar a Colombia no cedió ante las pretensiones de Trump, y dejando la puerta abierta al diálogo, demandó el respeto que su país se merece. A diferencia que en Colombia, la mayoría de la sociedad mexicana respaldó esta postura de su presidenta, independientemente de si comulgan o no con su ideología política.

En Canadá sucede algo similar. Cuando Trump amenazó con imponer aranceles a los productos canadienses, la respuesta no fue la descalificación interna del liderazgo del país. Al contrario, sindicatos, empresarios y gremios cerraron filas en defensa de los intereses nacionales, comprendiendo que el ataque era contra todos y no solo contra su presidente. Ya en el pasado, los canadienses habían dado muestras de unidad nacional cuando se trata de lidiar con su vecino poderoso, como cuando en 1987 el presidente Brian Mulroney negoció el tratado de libre comercio con la administración de Ronald Reagan, un acuerdo que ha sido beneficioso tanto para Canadá como para los Estados Unidos, y que hoy quiere desconocer el actual presidente norteamericano a base de intimidación.
Tristemente en nuestro caso parece que ni un conflicto interno, como el que estamos viviendo en el Catatumbo, ni las amenazas externas de Estados Unidos, causan que prolifere un sentido de unidad nacional, sino por el contrario, prolifera es la deslegitimación del propio gobierno. Cuando el presidente Petro ha tomado posiciones valientes ante Washington, el ataque ha venido desde adentro, desde una sociedad que, lejos de defender su dignidad, se divide y prefiere pordebajearse a sí misma  para plegarse a las imposiciones que vengan del norte, por exageradas, desmedidas o inhumanas que estas sean.

Lo peor de todo es que pareciera que el sesgo político nos hubiera quitado el poder del raciocinio. Ya no es solo que se escojan bandos y que se prefiera defender a un presidente extranjero sobre el propio país, sin importar los improperios que este lance contra nosotros y contra nuestros hermanos latinoamericanos. Sino que algunas voces, consideradas “influyentes”, de esas que cada tanto aparecen en titulares de la gran prensa, han llegado al punto de sostener posiciones radicalmente opuestas y defenderlas vehementemente como verdad.

Este fenómeno, que George Orwell definió magistralmente en su novela 1984 como “doblepensar”, ha llevado a que se califique a Petro de apologeta de la dictadura de Nicolás Maduro, porque mantuvo las relaciones diplomáticas con Venezuela, algo obligatorio en nuestro caso pues compartimos frontera y de eso depende la vida de millones de colombianos; pero alaban a Trump como defensor de la democracia mientras callan ante la legitimación que el gobierno de este le dio al régimen de Maduro al enviar a una reunión bilateral a su enviado especial para América Latina, Richard Grenell.

Por estas cosas sostengo que la gran diferencia entre Colombia, México y Canadá  radica en la manera en que sus sociedades comprenden la dignidad y la soberanía. Mientras que México y Canadá han entendido que, ante las agresiones externas, la fortaleza radica en la unidad, Colombia sigue atrapada en una cultura de divisiones internas que la debilitan frente al mundo. Hasta que no asumamos una postura colectiva de defensa de nuestros intereses, seguiremos condenados a la irrelevancia geopolítica y a la sumisión ante los poderes externos.

A menos de seis meses de la entrada en vigor de la Reforma Pensional, una de las principales apuestas del gobierno de Gustavo Petro, se vislumbra un cambio en la narrativa frente a los impactos económicos y sociales que pueda traer la medida, pasando de considerarla una amenaza para el mercado de capitales colombiano a una oportunidad sin precedentes para dinamizar y fortalecer este sector.

En un reciente artículo publicado por la Revista Cambio, titulado “Mercado de capitales cambia de opinión sobre nuevo sistema pensional de Petro”, varias personalidades del sector financiero colombiano expresaron su confianza en el nuevo modelo y destacaron de manera positiva los cambios que sufrió la reforma durante su paso por el Congreso.

De la preocupación al optimismo

En sus primeras versiones, la reforma generó fuertes críticas desde diversos frentes del mercado. La preocupación principal giraba en torno al impacto que tendría el traslado de la mayoría de los aportes pensionales a Colpensiones, afectando los flujos de inversión de los fondos privados en proyectos públicos y privados. Esta desconfianza se centraba en el umbral de cotización original propuesto en la reforma, el cual se situaba en 4 salarios mínimos legales vigentes (SMLV) y que de mantenerse habría generado una migración masiva de afiliados de los fondos privados de pensiones administrados por las AFP hacia Colpensiones, debilitando gravemente la sostenibilidad del sistema.

Este punto, así como el gobierno de los fondos pensionales que llegaran a Colpensiones, fueron dos de los focos de discusión durante los debates de la pensional en el Congreso, en especial en el Senado de la República, donde gracias a una iniciativa impulsada por congresistas del Partido Liberal que logró un consenso entre la mayoría de las bancadas, se bajó dicho umbral de 4 SMLV a 2.3 SMLV, y además se estableció que estos recursos serían administrados por el Banco de la República.

Estas modificaciones no solo calmaron los temores iniciales, sino que abrieron nuevas posibilidades para el mercado de capitales. Además, el Banco de la República, con su probada experiencia y solidez, ofrece mayores garantías en la gestión de estos recursos, lo que refuerza la confianza en el sistema.

En palabras castizas, a partir de junio de este año, si usted gana más de 2.3 SMLV su aporte pensional se dividirá en dos, una parte irá a Colpensiones y el excedente que supere este umbral, irá al fondo privado de su elección. Esto tendrá 3 impactos importantes para todos los colombianos: 1. Garantiza un mínimo de pensión para todos y permite continuar el modelo de ahorro individual. 2. Elimina la competencia entre fondos públicos y privados complementando ambos pilares. 3. Libera recursos del Estado que ya no tendrá que subsidiar megapensiones.

Otro efecto positivo de cara al mercado de capitales es que crea un nuevo nicho de potenciales clientes para las AFP, pues todos los que ganan más de 2.3 SMLV y que hoy en día cotizan en Colpensiones deberán buscar un fondo privado para guardar su aporte pensional que exceda este umbral.

Un nuevo jugador en el mercado de capitales

La entrada de Colpensiones como actor clave en el mercado de capitales ha sido vista por analistas como una oportunidad para diversificar y revitalizar la dinámica del sector. Felipe Gómez Bridge, senior portfolio manager de Ashmore, destacó en el artículo de CAMBIO que Colpensiones podría convertirse en un comprador estratégico de acciones, siempre y cuando se delegue esta tarea a expertos. Esto podría generar un aumento en el valor de las acciones y atraer a nuevos inversionistas al mercado.

Por su parte, Andrés Restrepo Montoya, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), le dijo a la revista que la reforma crea las condiciones para que el mercado de capitales desarrolle nuevos productos financieros y aumente su oferta de valor. “Si se diseñan reglas claras para la gestión del fondo de ahorro, podemos atraer más inversionistas y dinamizar la economía”, afirma.

Gobernanza y regulación: los pilares del éxito

El éxito de esta reforma dependerá en gran medida de garantizar una adecuada gobernanza del fondo de ahorro. Si bien la inclusión del Banco de la República trae consigo garantías, todavía se necesita contar con un diseño normativo robusto que equilibre los objetivos de protección social y sostenibilidad del mercado, una tarea en la que el Congreso debe seguir jugando un rol fundamental.

Además, la reforma abre la puerta para una mayor colaboración entre el sector público y privado, permitiendo la creación de instrumentos financieros más innovadores y alineados con las necesidades del país. Esta dinámica podría estimular sectores clave como infraestructura, tecnología y desarrollo sostenible.

Un horizonte prometedor y una defensa necesaria

Así las cosas, la reforma pensional ha pasado de ser vista como un riesgo para el mercado de capitales colombianos a transformarse en una oportunidad parar impulsar su crecimiento y modernización.

En palabras de Gómez Bridge, “si se maneja con transparencia y visión estratégica, este nuevo sistema puede marcar un antes y un después en la historia financiera de Colombia”.

Pero todavía hay quienes atacan sistemáticamente la reforma y ahora buscan por medio de artilugios judiciales darle muerte en la Corte Constitucional. Es por esto que opiniones positivas como las aquí citadas ayudarán a blindar con un ambiente favorable el que considero es el mayor logro social alcanzado por cualquier gobierno en el presente siglo.

El llamado es a defender la reforma, a confiar en sus bondades y, sobre todo, a resaltar el trabajo hecho desde el Congreso, cuyas modificaciones al texto original fueron fundamentales para crear este cambio de percepción optimista frente a la reforma. Ahora, el mercado de capitales colombiano enfrenta el desafío de adaptarse a este nuevo escenario, pero también cuenta con la oportunidad de convertirse en un motor clave para el desarrollo económico del país. Los próximos meses serán cruciales para consolidar estas proyecciones, pero gracias a la reforma pensional tenemos el impulso necesario para que estos mercados alcancen su verdadero potencial.