Hace un tiempo, en una conversación muy amena sobre educación con Julián de Zubiría, hablábamos de que la principal dificultad que enfrentaba hoy el país era un ataque constante a la racionalidad de los colombianos. Zubiría citaba al psicólogo y profesor de Harvard Steven Pinker, un defensor acérrimo de la racionalidad, para referirse a los sesgos en la percepción de la realidad que tenemos las personas, los cuales nos llevan a reafirmar nuestras propias creencias más que a buscar la verdad objetiva de las cosas. 

Pinker es un gran optimista, defiende con datos objetivos que el mundo sigue desde hace décadas una tendencia a la mejora, y que el progreso, empujado por el desarrollo tecnológico y el avance de la democracia, no se ha detenido ni muestra signos de hacerlo prontamente. Su visión del mundo contrasta drásticamente con aquella que nos vende a diario las noticias, tanto nacionales como internacionales, enfrentándonos a una cotidianidad de desasosiego, desesperanza, crisis económica y guerras.

“En la asimilación sesgada, los individuos buscan argumentos que ratifiquen sus creencias y se protegen de aquellos que podrían refutarlas”, dice Pinker en uno de sus libros. Y agrega además que estamos viviendo en una sociedad donde la verdad no se busca, sino que se decide dependiendo de qué lado se esté. La verdad entonces es la que dicen los que piensan como yo. 

El problema es que en el país está haciendo carrera una verdad evidentemente ideologizada que ha permeado todos los espacios de la sociedad, y que ya no sólo es defendida por los opositores del gobierno, sino por los medios de comunicación del establecimiento y sus gremios económicos: que Colombia va camino a la ruina. Una terrible profecía que al parecer tiene adeptos trabajando día y noche para hacerla realidad. 

Lo vemos en el debate de la Reforma a la Salud, en el que se ha repetido hasta el hartazgo que Petro quiere estatizar la Salud, pero se escoge ignorar que el sistema propuesto mantiene la participación de las clínicas y hospitales privados, que representan el 80% de los prestadores de la salud. En los análisis alarmistas no se dice que las EPS son un modelo de aseguramiento que hoy están demostrando su fracaso, acumulando escándalos de corrupción y evidenciando problemas financieros cuya responsabilidad se le achaca al Estado. 

Mi afinidad con las reformas sociales de este gobierno, en especial con la de la salud son de público conocimiento. Soy un socialdemócrata y desde la campaña presidencial reconocí en Petro al único candidato de corte liberal en la contienda, por eso decidí apoyarlo en la primera vuelta, apartándome incluso de la recomendación del jefe de mi partido que invitaba a votar por un contrario. Fue el convencimiento de que estas reformas del cambio no son de Petro, sino son las que necesita Colombia lo que también me llevó a renunciar a la vocería del Partido Liberal en la Cámara de Representantes, pues no había una postura clara por parte del partido que yo pudiera, en buena fe, defender frente a la reforma a la Salud. 

Pero no me considero un seguidor de personas, sino un seguidor de causas, y estoy casado con la causa de hacer transparente el manejo del dinero público de la salud, de llevar este derecho a los lugares más apartados del país, ahí donde no es negocio, y de que el Estado asuma la responsabilidad de administrar los recursos de la salud, para que pueda girar con trazabilidad, fiscalizar con efectividad, y sancionar con pertinencia. 

No permitamos que se nos olvide que la discusión sobre la esencia de la reforma es esta, lo demás se está usando como sofisma de distracción por aquellos que quieren tumbar a toda costa esta y todas las reformas, sin discutirlas, sin ponderarlas, sólo por el sesgo de que provienen de este gobierno. En mi caso reitero que solo retiraría mi apoyo a la reforma a la salud si el gobierno permite que se desnaturalice.  

Me adscribo a las palabras de Pinker: “el sesgo ha invadido progresivamente nuestras deliberaciones”; y es que al menos yo veo muy pocos análisis ponderados. 

Poco se habla, por ejemplo, de que la llegada de turistas extranjeros aumentó un 29% con respecto a 2022, mostrando que va bien encaminada una de las principales apuestas del actual gobierno. Que el desempleo retrocede (estamos en 9.3%) y ya regresamos a niveles de 2018, es decir, logramos borrar los estragos de la pandemia en esta materia. Que la inflación cae por séptimo mes consecutivo, que el peso se apreció 21.4% el último año siendo la moneda más valorizada del continente. Que la deforestación bajó un 70% en los primeros nueve meses del 2023, que este gobierno ha comprado más tierras para los campesinos que los últimos gobiernos. Que se han incautado 600 toneladas de cocaína desde que Petro es presidente, pese a que se injurie al gobierno tachandolo de amigo del narcotráfico. 

Y no contento con eso se ha avanzado también en promesas esenciales para el cambio en Colombia, como la educación superior gratuita, pues gracias al Decreto 1907/2023 se garantizó el 100% de la matrícula en 64 universidades públicas. Hemos llegado hasta el absurdo de descalificar la histórica reunión del presidente con los principales representantes del empresariado del país para alcanzar el tan anhelado Acuerdo Nacional. 

Son datos y hay que darlos, aunque algunos sigan empecinados en vivir en ese mundo de sesgos y prejuicios del que habla Pinker, un mundo donde la racionalidad no tiene cabida, y en donde no importa que sufran muchos para que la “verdad” siga siendo de unos pocos. 

Si en algo se va a destacar el gobierno de Gustavo Petro será en transformar a Colombia en una potencia mundial del Deporte. Así lo deja más que claro el apoyo del presidente a la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos del 2027 que tendrán como sede a Barranquilla y otras ciudades del Caribe colombiano. 

La confirmación de los juegos, el segundo evento deportivo más importante del mundo después de los Olímpicos,  trae consigo una decisión que considero no solo acertada sino muy provechosa: escoger como sede no solo a Barranquilla sino a todo el Caribe. 

Que se democratice la sede en todo el Caribe ayuda a que esta sea una verdadera apuesta de país y a que la inversión hecha por el Gobierno Nacional, que será del 60% del costo total de las justa, esté mucho más justificada, pues los beneficios para la economía podrán llegar a varias ciudades caribeñas, necesitadas de un impulso a través del deporte. 

Claramente, Barranquilla seguirá siendo la gran anfitriona y desde ya se está trabajando en todos los preparativos. Es un reto para todos en la ciudad, desde la ciudadanía, hasta la dirigencia política, superar la exitosa experiencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en 2018, y estoy convencido de que estamos a la altura de la tarea. 

Pero si para algunos los juegos están todavía muy lejos, les cuento que en menos de un año tendremos otro gran evento deportivo global que se llevará a cabo en el país, la Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA 2024. 

Con la realización del mundial femenino, Colombia sigue abonando su camino como potencia deportiva mundial, y se perfila como una futura plaza para eventos cada vez más grandes y trascendentales. Para nadie es un secreto que es un anhelo de vieja data del país, y de cualquier país, albergar una Copa Mundial de la FIFA de mayores, un norte al que nos dirigimos con paso lento pero seguro. 

La Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA representará también para Colombia la consolidación de un proceso de desarrollo deportivo del fútbol femenino que ha traído grandes alegrías para los aficionados del combinado nacional en sus diferentes categorías. Desde hace varios años la Selección Colombia Femenina viene formando un grupo de jugadoras excepcionales que han hecho parte de un proceso desde las divisiones sub-17, sub-20 y por supuesto en la selección de mayores. 

Solo por recordar algunos logros tenemos el campeonato Sudamericano Femenino ganado en 2008, y el subcampeonato mundial de 2022 en la categoría sub-17. La Medalla de Oro en los Panamericanos de Lima 2019 y el segundo puesto del Sudamericano Femenino de 2010, en la categoría sub-20. Y, como no, las destacadas participaciones en los Mundiales Femeninos de mayores de 2011, 2015 y la reciente de 2023 en la que alcanzamos cuartos de final, equiparando la mejor participación histórica de la Selección Colombia masculina en los Mundiales. 

Pero todo hay que decirlo, aún se necesita más apoyo para el fútbol femenino en Colombia, pues las buenas actuaciones de los combinados nacionales todavía no derivan en la constancia de una liga competitiva que permita el desarrollo pleno del talento de nuestras jugadoras. Si queremos más Lindas Caicedo, hoy por hoy una de las mejores futbolistas del mundo reconocida así en la lista del Balón de Oro Femenino, necesitamos más inversión en los equipos, más formación y más torneos con ritmos constantes de juego. En eso debe haber un esfuerzo adicional tanto de los equipos profesionales del fútbol colombiano, como de la Liga, y cómo no, del Estado. 

Creo que vamos por buen camino y para aportar en estos propósitos acompañamos a la radicación en el Congreso de un proyecto de ley que busca brindar excepciones de impuestos para facilitar la realización de la Copa Mundial Femenina Sub-20 FIFA 2024. Con este proyecto, impulsado por la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, el Ministro de Comercio, Germán Umaña; Hacienda, Ricardo Bonilla e Interior, Luis Fernando Velasco; además de contar con mi firma y la de otros congresistas; se buscará que todas las delegaciones de la FIFA asistentes al torneo, así como sus filiales comerciales, no sean sujeto del cobro de impuestos, restando trabas a los movimientos financieros derivados del evento. 

Ahí lo tienen, con los Panamericanos y Parapanamericanos garantizados y el Mundial Sub-20 Femenino a la vuelta de la esquina, el Gobierno del cambio sigue encaminado a consolidar el país como potencia mundial del deporte. El que quiera más que le piquen caña. 

Se acerca nuevamente el debate de la Reforma a la Salud, que avanza con buen paso por la Cámara de Representantes y que fue aplazada a causa de las elecciones regionales tras haberse aprobado un total de 35 artículos. 

La Reforma goza de buena salud, y de eso da cuenta los consensos que con mucha dificultad, pero con mucha determinación, se han logrado establecer entre el Gobierno, los congresistas, y los principales actores del sector salud. Sin embargo, todavía persisten muchas voces opositoras que de manera temeraria insisten en gritar “LOBO”, y advertir de unos supuestos “peligros” en la reforma. 

Yo tengo algo claro, si existe un peligro, un verdadero peligro, es que esta reforma no se apruebe. 

Lo digo con conocimiento de causa, pues llevo más de 50 años dedicando mi vida al sector salud, donde he sido estudiante, médico, gerente de hospitales, EPS e IPS tanto públicas como privadas, y empresario de la salud, lo que me permite tener una visión holística del sector. He vivido y sufrido en carne propia las virtudes y defectos tanto del antiguo Sistema Nacional de Salud, como el que actualmente rige a partir de la Ley 100. 

Por eso no me tiembla el pulso al escribir que la Ley 100 sirvió para mucho, ayudó mucho, y le permitió a miles de colombianos acceder a un derecho que antes estaba restringido a unos pocos. Mi apoyo a esta reforma no esconderá nunca esa realidad. Pero tampoco tiemblo al decir que lo bueno de la Ley 100 se dio a pesar de las EPS, no gracias a ellas. 

La crisis del sistema es evidente, y para el que todavía la ignoraba, se hizo aún más explícita luego de la carta que Sura, Sanitas y Compensar, tres de las EPS más grandes del país, enviaron al Gobierno Nacional advirtiendo profundos problemas financieros que ponen en riesgo su continuidad, y por ende, la atención en salud de los miles de pacientes adscritos a ellas. Y hace unos días, la manifiesta crisis por las deudas de Sanitas con su proveedor Cruz Verde que obligó al Gobierno a tomar medidas e intervenir. 

¿Qué más peligroso que eso? No lo sé. Sin ánimo de cuestionar a estas empresas, las cuales han sido reconocidas entre las EPS más responsables del sector, esta situación hizo más relevante que nunca la pregunta que sustenta esta reforma a la salud: ¿el derecho a la salud de los colombianos está realmente protegido en manos de los privados?

Si hay algo claro es que en una sociedad capitalista ninguna empresa se crea sin fines de lucro, y que cuando estas comienzan a dar pérdidas es normal que se cierren, pero cuando dichas empresas deben garantizar la prestación de un derecho fundamental como la salud, la cosa se complica. Si cerrar no es una opción, pero la plata no alcanza, la solución de las EPS es pedirle más dinero al Estado, quien es el verdadero garante del derecho a la salud. En este escenario ¿por qué es descabellado y peligroso pedirle al Estado que administre lo público y garantice sin intermediarios un derecho fundamental? 

A quienes no les gusta la reforma repiten que esto es “estatizar” el sistema de salud, pero se les olvida que la reforma mantiene la cooperación entre IPS, clínicas y hospitales privados con la red pública hospitalaria. No es estatizar si lo que se está haciendo es que unos recursos públicos, que hoy administran privados, pasen a ser administrados de manera pública. 

En otras palabras, esta reforma elimina la intermediación de los recursos de la salud, dándole al ADRES la capacidad de hacer los pagos y giros directamente a los hospitales y clínicas. Además, crea un sistema de información único, que permitirá transparentar los recursos, y saber a ciencia cierta en qué se gasta la plata de la salud. Esto no pasa hoy, pues el actual modelo hace del Estado un girador ciego, que de buena fe transfiere recursos a las EPS para su administración. Por eso me pregunto ¿es más peligroso saber o no saber en qué se va la plata de la salud? 

Otro beneficio de la reforma es el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, quien por fin podrá hacer un control efectivo en el gasto y un seguimiento al funcionamiento de la prestación del servicio. Vuelvo a preguntar: ¿es más peligroso una Superintendencia débil o una fuerte con capacidad real de control? 

Estos son solo dos aspectos a destacar, pero para mí son los esenciales, porque será gracias a ellos que podamos avanzar en la cobertura rural de la salud, en el énfasis en prevención y atención primaria, y en eliminar de una vez y para siempre la perversa integración vertical. 

Dejar el sistema como está no sólo es negligente, sino que nos convierte en espectadores inermes de una cuenta regresiva que no se va a detener y que terminará con el inevitable colapso de la salud en Colombia. Por eso el verdadero peligro de esta Reforma a la Salud es que permitamos que se desnaturalice o no sea aprobada.